Más de la mitad, concretamente el 53,5%, de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales españoles fue dictado por juezas y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7% de los miembros de la Carrera Judicial en activo, tal y como recoge el informe Una perspectiva de género en la Justicia. Estructura demográfica de la Carrera Judicial que recientemente hizo público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este respecto, hay que tener en cuenta que, a 1 de enero de 2018, el porcentaje de mujeres entre los miembros de la carrera judicial era del 53,2% y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los juzgados de lo Mercantil. 

Sin embargo, esta presencia masiva de mujeres en los órganos judiciales no tiene reflejo en el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia, que apenas llega al 20,7%; mientras que el de presidentas de Audiencia Provincial es de solo el 16,3%; y el de presidentas de secciones de audiencias se queda en el 21,9%. El dato más bajo se registra en el Tribunal Supremo, donde las mujeres son el 14,5%.

Cual reverso de lo que ocurre en la cúpula de la carrera judicial, el porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas alcanzó el 66,1% en los juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales); el 62,1% en los de Violencia sobre la Mujer (civiles); y el 62% en los de Menores. Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, así como en los juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias (56%) en los juzgados de lo Social. 

Sin embargo, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40% son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6%), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8%), las Salas de lo Social de los tribunales superiores (37,9%) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5%). En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Esta diferencia de presencia de las mujeres entre la base y en la cúpula se reproduce en otros ámbitos del sector, como por ejemplo el Ministerio Fiscal, donde las mujeres son ya el 64,1% de los fiscales, pero solo el 36% de sus directivos, es decir, fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma. 

Algo similar ocurre con los letrados de la Administración de Justicia, donde las mujeres suponen el 67,5%, pero en el Supremo son el 50% y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4% de los secretarios de Gobierno y el 46,9% de los coordinadores provinciales. En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40% de los abogados del Estado, el 30,8% por ciento de los notarios, el 44,7% de los registradores, el 33,4% de los procuradores y el 47,1% de los graduados sociales.