El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha declarado como investigado (antes imputado) al Banco Santander como persona jurídica en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital acometida en 2016 y en la que podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra le mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

Dicho magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, acuerda imputar al Santander por ser la entidad que absorbió el Popular una vez éste había quebrado. Así, el banco presidido por Patricia Botín ‘hereda’ la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los gestores del otro banco, que ya no existe como persona jurídica.

Calama ha dictado un auto en el que se acuerda la «sucesión procesal por absorción de sociedades, teniendo por dirigido el presente procedimiento contra Banco Santander», una vez acreditada en las presentes actuaciones la inscripción del acuerdo de fusión por absorción en el que la entidad Banco Santander absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular.

En su documento, el juez explica que, tal y como establece el artículo 130.2 del Código Penal «La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión».

El magistrado dictamina igualmente que una vez se emita el informe pericial sobre la absorción del Banco Popular por parte del Santander, se acordará la declaración en sede judicial del representante legal del segundo.

Cabe recordar que la adquisición por un euro del Banco Popular tuvo lugar en junio de 2017 y sólo tres meses después el juez Fernando Andreu –el anterior instructor de la causa– imputó a los expresidentes de la entidad Ron y Saracho y a miembros del antiguo consejo de administración, atendiendo así distintas querellas que se habían ido presentando en la Audiencia Nacional.