El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que la Ley General Electoral aplique, sin distinguir las circunstancias de cada caso y como requisito para tramitar en el Pleno de un ayuntamiento las propuestas de moci\u00f3n de censura, las medidas creadas para hacer frente al transfuguismo. El Tribunal considera que vulnera el derecho fundamental a la participaci\u00f3n pol\u00edtica (art. 23.2 CE) exigir un qu\u00f3rum reforzado cuando entre los firmantes de la propuesta de moci\u00f3n haya concejales que, \u201cpor cualquier causa\u201d<\/i>, hayan dejado de pertenecer al grupo pol\u00edtico del alcalde y no est\u00e9n adscritos a ning\u00fan partido, pues el cese de la relaci\u00f3n de un concejal con su partido no necesariamente responde \u201ca una defraudaci\u00f3n de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilizaci\u00f3n de la din\u00e1mica municipal\u201d<\/i>. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Vald\u00e9s Dal-R\u00e9, cuenta con los votos concurrentes (comparten el fallo, pero discrepan de la argumentaci\u00f3n) de la Vicepresidenta, Encarnaci\u00f3n Roca, y del Magistrado Andr\u00e9s Ollero; y con el voto particular discrepante del Magistrado C\u00e1ndido Conde-Pumpido, al que se adhieren los Magistrados Juan Antonio Xiol y Alfredo Montoya.<\/p>\n
Todo el proceso se inicia en Tacoronte a cuenta de una moci\u00f3n de censura presentada por concejales del PSOE y PP contra Coalici\u00f3n Canaria. El PSOE expuls\u00f3 en ocho d\u00edas a los ediles tacoronteros, lo que motiv\u00f3 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N\u00famero 4 de Santa Cruz de Tenerife que anul\u00f3 la moci\u00f3n de censura, que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), desde donde se plante\u00f3 una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ahora dirimida.<\/p>\n
As\u00ed, el Pleno del TC estima dicha cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por el TSJC y declara inconstitucional y nulo el p\u00e1rrafo tercero del art. 197.1 a) de la Ley 5\/1985, de 19 de junio, de r\u00e9gimen electoral general (LOREG). Para tramitar la moci\u00f3n de censura, dicho precepto exige un qu\u00f3rum reforzado en los casos en los que \u201calguno de los concejales proponentes de la moci\u00f3n haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo pol\u00edtico municipal al que se adscribi\u00f3 al inicio de su mandato\u201d<\/i>. De este modo, habr\u00e1 que sumar a la mayor\u00eda absoluta un n\u00famero equivalente al de los concejales que se encuentren en esa circunstancia. Seg\u00fan el TSJC, esta exigencia vulnera el derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
La sentencia afirma, en primer lugar, que el ejercicio de control al gobierno local mediante la promoci\u00f3n de una moci\u00f3n de censura forma parte del n\u00facleo del derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica, condici\u00f3n que la doctrina constitucional exige para que pueda hablarse de vulneraci\u00f3n. La moci\u00f3n de censura a un alcalde es \u201cun medio de control y de exigencia de responsabilidad pol\u00edtica por parte del Pleno\u201d <\/i>y, cuando prospera, \u201cuna causa de cese del alcalde inicialmente designado (\u2026) con la consiguiente proclamaci\u00f3n de uno nuevo\u201d<\/i>. Considera, asimismo, que el incremento del qu\u00f3rum altera el r\u00e9gimen jur\u00eddico ordinario de la funci\u00f3n representativa de los concejales no adscritos. Y ello porque implica que, justo en el momento previo a su votaci\u00f3n por el Pleno, la promoci\u00f3n de la moci\u00f3n de censura se apoye en una mayor\u00eda absoluta en la que no se tienen en cuenta, como si no formaran parte de la misma, \u201cun n\u00famero igual al de los concejales no adscritos que la suscriben\u201d<\/i>.<\/p>\n
El incremento del qu\u00f3rum es una opci\u00f3n con la que el legislador pretende \u201cintervenir frente al transfuguismo\u201d <\/i>y, as\u00ed, \u201casegurar la voluntad popular y la estabilidad municipal\u201d<\/i>, evitando que se modifiquen las mayor\u00edas de gobierno. Pero la limitaci\u00f3n impuesta a los concejales no adscritos debe conciliarse tambi\u00e9n con la libertad de mandato, protegida por el art. 23.2 CE y que implica que los representantes (en este caso locales) puedan mantenerse en el cargo en caso de \u201cexpulsi\u00f3n o de abandono de los partidos en cuyas listas fueron elegidos\u201d<\/i>. Seg\u00fan explica la sentencia, las funciones esenciales del derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica \u201cse atribuyen a su titular y en condiciones de igualdad, y no al partido pol\u00edtico o grupo en el que se integre\u201d<\/i>. Asimismo, el mandato libre supone \u201cla exclusi\u00f3n de todo sometimiento jur\u00eddico del representante, en cuanto tal, a voluntades ajenas\u201d <\/i>y proscribe \u201ccualquier tipo de sujeci\u00f3n, jur\u00eddicamente impuesta, a la confianza de sus electores o de las organizaciones o grupos pol\u00edticos en que se integre o en cuyas listas hubiera concurrido a las elecciones\u201d<\/i>.<\/p>\n
De todo lo anterior, el Tribunal concluye que, pese a que el incremento del qu\u00f3rum sea una medida id\u00f3nea, e incluso necesaria, para luchar contra el transfuguismo, resulta desproporcionada, pues \u201cequipara, en la restricci\u00f3n del derecho, a todos los concejales que hayan dejado de pertenecer al grupo pol\u00edtico municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato\u201d<\/i>, sin diferenciar las circunstancias ni los objetivos, no necesariamente fraudulentos, que pudieron llevar a esa desvinculaci\u00f3n. Esta uniformidad implica que cualquier separaci\u00f3n del grupo pol\u00edtico de origen \u201ces contraria en s\u00ed mismo considerada a la estabilidad de la vida municipal o del gobierno local\u201d<\/i>.<\/p>\n
El \u201ctransfuguismo\u201d<\/i>, concluye la sentencia, \u201cno puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium que impacten en el ejercicio natural del cargo p\u00fablico\u201d<\/i>, pues \u201cno es cierto que la desvinculaci\u00f3n org\u00e1nica o pol\u00edtica del grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepci\u00f3n la vida municipal o modifique la voluntad popular\u201d<\/i>. La norma cuestionada, a\u00f1ade el Tribunal, \u201csujeta al concejal al grupo pol\u00edtico de origen bajo advertencia de restricci\u00f3n de las funciones representativas b\u00e1sicas, sin que ese efecto responda inevitablemente a una defraudaci\u00f3n de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilizaci\u00f3n de la vida municipal\u201d<\/i>.<\/p>\n
La sentencia precisa que, para preservar el principio de seguridad jur\u00eddica, la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del p\u00e1rrafo cuestionado no afectar\u00e1 a situaciones jur\u00eddicas consolidadas. Asimismo, la declaraci\u00f3n de nulidad no ser\u00e1 efectiva hasta la pr\u00f3xima convocatoria de elecciones locales, periodo de tiempo en el que el legislador podr\u00e1 reformar la norma \u201cobservando el contenido de este pronunciamiento\u201d.\u00a0<\/i><\/p>\n
La Vicepresidenta del Tribunal comparte la argumentaci\u00f3n y la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, pero no que la sentencia posponga la nulidad del precepto recurrido hasta la celebraci\u00f3n de nuevas elecciones locales. Retrasar la nulidad de una norma que el Tribunal considera fuera de la Constituci\u00f3n es una soluci\u00f3n que, afirma, debe ser \u201cexcepcional\u201d<\/i>; en todo caso, debe responder a la finalidad de \u201cpreservar bienes o valores que el Tribunal considera constitucionalmente relevantes y que justifican la desvinculaci\u00f3n entre inconstitucionalidad y nulidad\u201d <\/i>y que el TC no menciona. Por \u00faltimo, la referencia al vac\u00edo normativo que causar\u00eda la inmediata nulidad del precepto cuestionado no es, en su opini\u00f3n, un argumento v\u00e1lido pues, al anularse la medida antitransfuguismo, ser\u00eda de aplicaci\u00f3n la regulaci\u00f3n anterior de la tramitaci\u00f3n de las mociones de censura.<\/p>\n
El Magistrado Ollero est\u00e1 de acuerdo con la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del precepto impugnado, pero se opone a que su nulidad se posponga hasta la convocatoria de nuevas elecciones locales. En su opini\u00f3n, el incremento del qu\u00f3rum en el mismo n\u00famero que el de concejales no adscritos que con anterioridad formaron parte del grupo pol\u00edtico del alcalde es una medida de car\u00e1cter \u201cexcesivamente personalizado\u201d y casi con \u201caires de sanci\u00f3n\u201d, <\/i>por lo que la soluci\u00f3n correcta, no lesiva para el derecho de representaci\u00f3n pol\u00edtica, habr\u00eda sido optar por una mayor\u00eda \u201cbasada en criterios objetivos, como las de dos tercios o tres quintos\u201d<\/i>. En consecuencia, la \u201cobvia inconstitucionalidad\u201d <\/i>de la norma debi\u00f3 llevar a declarar \u201csu nulidad e inmediata expulsi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico\u201d y a devolver <\/i>la situaci\u00f3n al momento anterior de la aprobaci\u00f3n de la reforma cuestionada \u201ccon los ya se\u00f1alados riesgos de transfuguismo a los que el legislador, en el plazo que considere oportuno, habr\u00e1 de hacer frente recurriendo a criterios no personalizados sino de car\u00e1cter objetivo\u201d.\u00a0<\/i><\/p>\n
El Magistrado Conde-Pumpido, a cuyo voto particular se adhieren los Magistrados Xiol y Montoya, considera que la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad debi\u00f3 desestimarse. Los Magistrados que firman el voto no comparten el an\u00e1lisis de proporcionalidad de la norma que contiene la sentencia porque, explican, \u201cno realiza ponderaci\u00f3n alguna de beneficios y perjuicios\u201d<\/i>, como establece la doctrina constitucional. Consideran que la medida declarada inconstitucional es \u201cequilibrada\u201d <\/i>y que de su aplicaci\u00f3n se derivan \u201cm\u00e1s beneficios o ventajas para el inter\u00e9s general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto, incluido el ius in officium de los concejales\u201d<\/i>. El voto incide en el car\u00e1cter \u201cleg\u00edtimo\u201d <\/i>de la medida, dada la importancia que \u201cpara la vida local tiene que se respeten los resultados de los comicios locales\u201d; <\/i>y resalta la quiebra que, para \u201cla legitimidad del gobierno local y, con ello, del propio sistema democr\u00e1tico\u201d <\/i>supone el transfuguismo \u201ca los ojos de los ciudadanos\u201d.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que la Ley General Electoral aplique, sin distinguir las circunstancias de cada caso y como requisito para tramitar en el Pleno de un ayuntamiento las propuestas de moci\u00f3n de censura, las medidas creadas para hacer frente al transfuguismo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11551,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[125],"tags":[130,192,193,138,191,195,196,194,128,190,162],"class_list":{"0":"post-11550","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"tag-abogados","9":"tag-ayuntamiento","10":"tag-censura","11":"tag-constitucional","12":"tag-electoral","13":"tag-pp-tacoronte","14":"tag-psoe-tacoronte","15":"tag-tacoronte","16":"tag-tenerife","17":"tag-transfugismo","18":"tag-tribunal"},"yoast_head":"\n