El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado\u00a0 a abonar 138,46 millones de euros que la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias dej\u00f3 de percibir a cuenta del incumplimiento del Convenio de Carreteras decretado en su d\u00eda por el Gobierno de Mariano Rajoy..<\/p>\n
La citada cantidad responde exclusivamente a lo adeudado por el ejercicio de 2012, y es resultante de la diferencia entre lo comprometido por el Ministerio de Fomento para dicho a\u00f1o, 207 millones de euros (183 millones en obras y 24 en expropiaciones), y lo finalmente consignado en los presupuestos generales del Estado: 68,54 millones de euros. A los 138,46 millones referidos hay que sumarle los intereses legales \u201cdesde la fecha en que la transferencia tuvo que ser efectiva\u201d, seg\u00fan reza la propia sentencia. Esta decisi\u00f3n del Supremo\u00a0 se produce al estimar un recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Canarias contra una sentencia dictada en 2014 por la Audiencia Nacional, que valid\u00f3 los motivos expuestos por la Administraci\u00f3n General del Estado para un incumplimiento justificado por el recorte de unos 27.000 millones de euros que se decret\u00f3 para hacer frente al d\u00e9ficit p\u00fablico estatal y as\u00ed cumplir con las directrices emanadas contra la crisis desde la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
Una de las cuestiones m\u00e1s relevantes de esta sentencia del Tribunal Supremo es que rompe con el mito de que este tipo de convenios se convierten en papel mojado si no son refrendados, a\u00f1o tras a\u00f1o, por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lla sentencia fija como \u201cposici\u00f3n de la Sala\u201d, el hecho de que \u201cdebe\u00a0 interpretarse\u00a0 que\u00a0 las cl\u00e1usulas \u00a0 tercera \u00a0 4.b) \u00a0 del \u00a0 convenio \u00a0 y \u00a0 tercera \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 adenda [fechada en 2009], \u00a0 obligan directamente\u00a0 al\u00a0 Estado a dotar\u00a0 el\u00a0 presupuesto\u00a0 del\u00a0 Ministerio\u00a0 de\u00a0 Fomento\u00a0 en la forma pactada en el propio convenio\u201d.<\/p>\n
En la primera de dichas cl\u00e1usulas, su redacci\u00f3n es inequ\u00edvoca a la hora del compromiso: \u201cEl Estado dotar\u00e1, en los cap\u00edtulos VI y VII de su presupuesto de gastos en el Ministerio de Fomento, las cantidades expresadas en el cuadro en el per\u00edodo 2006 a 2017 para financiar las obras de los Anejos del presente convenio\u201d. Por su parte, la segunda no deja dudas de que tal compromiso se prolonga hasta 2017, por cuanto se\u00f1ala que Fomento \u201cha abonado un total de 506.231.749,08 euros […] y 218.456.729,09 euros […] quedando pendientes de abonar 1.930.763.270,92 euros en el per\u00edodo 2009 a 2017\u201d, en obvio reconocimiento de una deuda cuyo importe es cierto y conocido para el Estado.<\/p>\n
Viene el tribunal a recordar que nuestro ordenamiento jur\u00eddico distingue entre una fuente de legalidad (en este caso, el convenio de carreteras) y una fuente de gasto p\u00fablico (la consignaci\u00f3n presupuestaria que habilita a la Administraci\u00f3n) como una doble vertiente de la obligaciones de pago a cargo de la Hacienda P\u00fablica. Es otra sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional en 2014, la que resume con claridad c\u00f3mo proceder ante esa dualidad: \u201cPero la posici\u00f3n, privilegiada frente a los dem\u00e1s deudores, de que goza la Administraci\u00f3n como consecuencia de su sometimiento al principio de legalidad presupuestaria […] no permite en ning\u00fan caso el desconocimiento o incumplimiento de sus obligaciones pecuniarias siempre y cuando se hayan contra\u00eddo de acuerdo con las Leyes\u201d.<\/p>\n
A pesar de lo expuesto, el Gobierno de Mariano Rajoy pudo haber actuado bajo la legalidad y evitarse ahora estos pagos a Canarias, pero, por suerte para las Islas, pec\u00f3 de soberbia. En vez de incumplir el convenio sin mayores explicaciones, pod\u00eda haber zanjado el asunto en la Comisi\u00f3n bilateral Estado-Canarias y justificar los impagos en las \u201ccircunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad de las partes\u201d, o sea, la famosa crisis, lo que hubiera sido aplicable cuando para una de las partes el cumplimiento de lo estipulado \u00abresulta especialmente oneroso cumplir la prestaci\u00f3n pactada\u00bb. Como remacha el tribunal, \u201cesa, sin duda, parec\u00eda la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada, pero no el puro y simple incumplimiento del convenio\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Supremo admite as\u00ed el recurso de la Comunidad Aut\u00f3noma y rompe con el mito de que este tipo de acuerdos son papel mojado si luego no se refrendan anualmente en la ley de presupuestos generales<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11555,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[125],"tags":[166,198,197,199,162],"class_list":{"0":"post-11553","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"tag-abogados-tenerife","9":"tag-accidente-tenerife","10":"tag-carretera-tenerife","11":"tag-gobierno","12":"tag-tribunal"},"yoast_head":"\n