{"id":11752,"date":"2019-08-20T15:48:26","date_gmt":"2019-08-20T15:48:26","guid":{"rendered":"http:\/\/medinaygonzalezabogados.es\/?p=11752"},"modified":"2019-08-23T15:49:18","modified_gmt":"2019-08-23T15:49:18","slug":"preventiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/medinaygonzalezabogados.es\/web\/preventiva\/","title":{"rendered":"Preventiva"},"content":{"rendered":"

El Tribunal Constitucional ha estimado por mayor\u00eda la cuesti\u00f3n interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno respecto a los incisos \u201cpor inexistencia del hecho imputado\u201d y \u201cpor esta misma causa\u201d del art. 294.1 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), por vulneraci\u00f3n de los arts. 14 y 24.2 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

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La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Fernando Vald\u00e9s Dal-R\u00e9, se\u00f1ala que \u201ccircunscribir el \u00e1mbito aplicativo del art. 294 de la LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho\u201d.<\/div>\n
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El Tribunal, que recoge la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las SSTC 8 y 10\/2017, considera que los incisos del art. 294.1 de la LOPJ \u201cpor inexistencia del hecho imputado\u201d y \u201cpor esta misma causa\u201d reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisi\u00f3n provisional acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluy\u00f3 en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunci\u00f3n de inocencia. En consecuencia, la redacci\u00f3n final del art. 294.1 LOPJ, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: \u201cTendr\u00e1n derecho a indemnizaci\u00f3n quienes, despu\u00e9s de haber sufrido prisi\u00f3n preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios\u201d.<\/div>\n
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\u00a0Una interpretaci\u00f3n literal del precepto as\u00ed depurado permitir\u00eda ciertamente sostener que la prisi\u00f3n provisional dar\u00eda lugar a una indemnizaci\u00f3n por los perjuicios irrogados de modo autom\u00e1tico y en todos los casos. Sin embargo, advierte el Tribunal que \u201clos presupuestos y el alcance de la indemnizaci\u00f3n prevista en el art. 294.1 LOPJ habr\u00e1n de acotarse a trav\u00e9s de la eventual intervenci\u00f3n legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teor\u00eda general de la responsabilidad civil que realicen la Administraci\u00f3n y, en \u00faltimo t\u00e9rmino, los \u00f3rganos judiciales\u201d.<\/div>\n
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Por tanto, \u201cla doctrina de esta sentencia no s\u00f3lo respeta los amplios m\u00e1rgenes de configuraci\u00f3n legislativa o de interpretaci\u00f3n judicial en lo que afecta al quantum indemnizatorio, sino que tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnizaci\u00f3n en virtud de la aplicaci\u00f3n de criterios propios del Derecho general de da\u00f1os\u201d.<\/div>\n
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Por lo que respecta al alcance en el tiempo de la declaraci\u00f3n de nulidad efectuada, el Tribunal aplica su doctrina reiterada sobre el principio de seguridad jur\u00eddica, seg\u00fan el cual \u201clas sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de las leyes no permitir\u00e1n revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicaci\u00f3n de las leyes inconstitucionales\u201d. El principio de seguridad jur\u00eddica tambi\u00e9n reclama que \u201cesta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad s\u00f3lo sea eficaz en relaci\u00f3n con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde a\u00fan no haya reca\u00eddo una resoluci\u00f3n firme\u201d, explica la sentencia.<\/div>\n
En definitiva, el Tribunal concluye afirmando que \u201cesta sentencia no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias\u201d.<\/div>\n
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La sentencia cuenta con dos votos particulares firmados por tres Magistrados. El primero, de Antonio Narv\u00e1ez y Ricardo Enr\u00edquez, considera que los incisos del art. 294.1 LOPJ \u201cpor inexistencia del hecho imputado\u201d y \u201cpor esta misma causa\u201d son constitucionales. Explican que para paliar una omisi\u00f3n de los supuestos de inexistencia \u201csubjetiva\u201d que la sentencia denuncia, la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad \u201cha alterado todo el r\u00e9gimen jur\u00eddico de responsabilidad patrimonial por prisi\u00f3n provisional que el legislador hab\u00eda concebido con car\u00e1cter extraordinario y ad abundatiam de los de responsabilidad ex art. 121 CE\u201d. Entienden que el precepto en su conjunto no es contrario al derecho a la igualdad ante la Ley del art. 14 CE porque el supuesto de responsabilidad por prisi\u00f3n provisional es un supuesto de configuraci\u00f3n legal y de car\u00e1cter extraordinario y, con fundamento en esa discrecionalidad, el legislador ha contemplado un \u00fanico presupuesto, el de la inexistencia del hecho o existiendo \u00e9ste que el mismo no sea delito, con base a que la carga aflictiva que debe soportar quien haya sufrido prisi\u00f3n provisional por este supuesto es mucho mayor en este caso que en el de la inexistencia subjetiva y ponen un ejemplo clarificador de este argumento; entienden que resulta mucho m\u00e1s aflictivo para una persona sufrir prisi\u00f3n provisional por un hecho que no s\u00f3lo no ha cometido (inexistencia subjetiva) sino que, adem\u00e1s, ese hecho no ha existido (ponen como ejemplo el supuesto del crimen de Cuenca) o habi\u00e9ndose producido el hecho \u00e9ste no es delito (muerte natural de la v\u00edctima). Por tanto, los incisos cuestionados no eran contrarios al derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el art. 14 CE. Tampoco existe vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia (art. 24.2 CE) porque, seg\u00fan la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, \u201csolamente impone constatar si el hecho imputado se ha producido o no, o si era o no t\u00edpico, prescindiendo de cualquier valoraci\u00f3n de la conducta del reclamante\u201d. Los Magistrados se\u00f1alan que \u201cuna cosa son los presupuestos penales que sirven para la absoluci\u00f3n dentro de un procedimiento penal marcado por una serie de principios rectores b\u00e1sicos como el acusatorio y otra muy distinta los que sirven para sustentar la reclamaci\u00f3n patrimonial del Estado; presupuestos que no tienen por qu\u00e9 coincidir, ya que \u00e9sta no se sustenta exclusivamente en la existencia de un pronunciamiento absolutorio\u201d. El segundo voto es de la Magistrada Encarnaci\u00f3n Roca, que tambi\u00e9n considera en su voto particular que los incisos del art. 294.1 LOPJ suprimidos por la sentencia son constitucionales. En su opini\u00f3n, la regulaci\u00f3n de dicho precepto se ajusta al art. 121 CE, el constituyente solo obliga a indemnizar unos supuestos concretos (error judicial y funcionamiento anormal de la administraci\u00f3n de justicia), que deben ser respetados en todo caso por el legislador. A partir de este l\u00edmite, que es el garantizado por la CE, el legislador puede ampliar los supuestos indemnizables, decidir indemnizar todos o despreciar algunos sin que en ello pueda haber tacha de inconstitucionalidad alguna.<\/div>\n
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Por otro lado, la sentencia entiende que la prisi\u00f3n preventiva seguida de absoluci\u00f3n o sobreseimiento es en s\u00ed misma un da\u00f1o objetivo que debe ser compensado, pero, seg\u00fan la Magistrada, con ello se cambia el sistema establecido en el art. 121 CE. Por tanto, \u201cse est\u00e1 utilizando de una forma incorrecta la naturaleza de las compensaciones equipar\u00e1ndolas a las indemnizaciones\u201d. Las leyes han acordado en numerosas ocasiones compensaciones por da\u00f1os que no son indemnizables, por ejemplo, las compensaciones a las v\u00edctimas del terrorismo o los casos de p\u00e9rdidas de cosechas por inundaciones, entre otras. Pero ello ha de entenderse en el sentido de que es el legislador y no el TC quien debe acordar este tipo de compensaciones, de lo contrario estar\u00eda asumiendo competencias que no le son propias.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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