La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del \u2018caso F\u00f3rum Filat\u00e9lico\u2019 en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, ya que los clientes fueron captados mediante enga\u00f1o. As\u00ed, los magistrados consideran demostrado que dichos inversores desconoc\u00edan que los sellos adquiridos no val\u00edan ni una peque\u00f1a parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la captaci\u00f3n de nuevos clientes la empresa segu\u00eda devolviendo el capital invertido m\u00e1s los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos. Dicha sentencia llega 14 a\u00f1os despu\u00e9s de la intervenci\u00f3n de la entidad en cuesti\u00f3n.<\/p>\n
El Supremo condena a 16 acusados con penas que oscilan entre los 6 meses de prisi\u00f3n y los 11 a\u00f1os y 10 meses de c\u00e1rcel, \u00e9sta \u00faltima impuesta al expresidente de F\u00f3rum Filat\u00e9lico F.B. por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, as\u00ed como blanqueo de capitales, por el que es condenado adem\u00e1s a pagar una multa de 49,7 millones de euros.<\/p>\n
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, establece que la indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas de la estafa de la que deben responder los acusados F.B. y J.R.G.F. (exasesor jur\u00eddico de la empresa), y subsidiriamente F\u00f3rum Filat\u00e9lico, se determinar\u00e1 en ejecuci\u00f3n de sentencia en atenci\u00f3n al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a F\u00f3rum Filat\u00e9lico, minorada en las cuant\u00edas percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados.<\/p>\n
El Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional en algunos aspectos t\u00e9cnicos. As\u00ed, reduce la condena a F.B. de 12 a\u00f1os y 4 meses a 11 a\u00f1os y 10 meses debido a que, en relaci\u00f3n con el delito de blanqueo de capitales, al concurrir una atenuante (dilaciones indebidas), la pena debi\u00f3 imponerse en su mitad inferior, cuyo m\u00e1ximo era de 3 a\u00f1os y 3 meses, que es lo que se establece (en vez de los 3 a\u00f1os y 9 meses que impuso la Audiencia).<\/p>\n
La modificaci\u00f3n principal afecta al exasesor jur\u00eddico de F\u00f3rum J.R.G., cuya condena pasa de 6 a\u00f1os y 3 meses a 3 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n, m\u00e1s una multa de 15,9 millones, porque el tribunal entiende que, en relaci\u00f3n al delito de estafa, su actuaci\u00f3n encaja como c\u00f3mplice y no como cooperador necesario.<\/p>\n
La sentencia absuelve a cuatro de los veinte condenados por la Audiencia Nacional, al considerar que no hay prueba suficiente contra ellos y que debe prevalecer su presunci\u00f3n de inocencia. Y respecto al testaferro P.R.R., se le reduce en 6 meses la pena (de 3 a\u00f1os y 6 meses a 3 a\u00f1os) como c\u00f3mplice de la estafa, porque las acusaciones ped\u00edan para \u00e9l 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n y ese l\u00edmite no puede rebasarse en virtud del principio acusatorio.<\/p>\n
Mecanismo de la estafa<\/strong><\/p>\n La sentencia explica que F\u00f3rum Filat\u00e9lico ofrec\u00eda al p\u00fablico la venta de lotes de sellos asegur\u00e1ndoles que, transcurrido el plazo fijado en el contrato se encargar\u00eda de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma F\u00f3rum los adquirir\u00eda. Esto \u00faltimo era lo que ocurr\u00eda pr\u00e1cticamente en todos los casos. Adem\u00e1s, les aseguraba una rentabilidad durante ese plazo, superior a la que ofrec\u00edan las entidades bancarias.<\/p>\n Los clientes, explican los magistrados, ignoraban que en realidad el dinero que la sociedad recib\u00eda de ellos se destinaba en parte a la compra de nueva filatelia a precios muy inferiores a los que luego se vend\u00edan o adjudicaban a los clientes, en parte a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversi\u00f3n o a quienes percib\u00edan el inter\u00e9s asegurado, en parte al funcionamiento de la empresa y en parte se desviaba hacia el patrimonio personal de los acusados. E ignoraban tambi\u00e9n que la \u00fanica forma de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses asegurados era disponer de las cantidades de dinero entregadas por los inversores, ya que F\u00f3rum no ten\u00eda otras fuentes de ingresos.<\/p>\n La sentencia indica que algunos acusados crearon y otros participaron en circuitos creados con sociedades interpuestas mediante las que, haciendo circular la mercanc\u00eda de forma real o supuesta, consegu\u00edan, con sucesivas compraventas, incrementar artificialmente el precio de los sellos que finalmente adquir\u00eda F\u00f3rum. Tambi\u00e9n procedieron a extraer clandestinamente de F\u00f3rum sellos ya adquiridos por \u00e9sta, que hac\u00edan circular por \u00e9l circuito de esas sociedades para que finalmente volvieran a F\u00f3rum, que as\u00ed pagaba nuevamente por los mismos sellos. Tanto en uno como en otro caso, esos circuitos adem\u00e1s de ser utilizados para encarecer artificialmente el precio de los sellos, se empleaban para desviar dinero a favor de algunos de los acusados.<\/p>\n El Supremo ratifica que los hechos probados son constitutivos de un delito de estafa. Explica que la compraventa de sellos o, de otros objetos, con pacto de recompra, puede hacerse de forma l\u00edcita, \u201cpero en el caso, la voluntad de los inversores se captaba mediante enga\u00f1o, y ese enga\u00f1o era lo que determinaba los actos de disposici\u00f3n que aquellos realizaban en su propio perjuicio, al situar su dinero en una ignorada situaci\u00f3n de alto riesgo de p\u00e9rdida\u201d.<\/p>\n Desv\u00edo de fondos a los patrimonios personales de los acusados<\/strong><\/p>\n Respecto del delito de insolvencia punible, se declara tambi\u00e9n probado que \u201cel negocio produc\u00eda p\u00e9rdidas constantes, debido al compromiso de recompra con intereses y a que la \u00fanica fuente de ingresos era el dinero de los inversores. Los grandes costes de producci\u00f3n, organizaci\u00f3n y distribuci\u00f3n, debidos al mantenimiento de la red comercial y a la compra masiva de sellos, m\u00e1s la tesorer\u00eda que requer\u00eda la devoluci\u00f3n del dinero a los inversores y el abono de los intereses convenidos, incrementaban de modo progresivo la situaci\u00f3n de insolvencia. A ello ha de a\u00f1adirse que algunos acusados desviaban dinero hacia sus patrimonios personales. Todo ello hac\u00eda que el activo no pudiera hacer frente a las deudas\u201d.<\/p>\n En lo que se refiere al delito de blanqueo, se condena a algunos acusados en cuanto que han intervenido en operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero que los autores de la estafa desviaban a su favor, as\u00ed como la identidad del propietario de esas cantidades, en muchos casos utilizando sociedades que solo indirectamente eran controladas por los autores del delito de estafa.<\/p>\n Condena a los dos auditores externos<\/strong><\/p>\n En lo relativo al delito de falsedad de las cuentas sociales, por el que han sido condenados el expresidente y los dos auditores externos, la Sala recuerda que el art\u00edculo 290 del C\u00f3digo Penal sanciona a los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formaci\u00f3n, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situaci\u00f3n jur\u00eddica o econ\u00f3mica de la entidad, de forma id\u00f3nea para causar un perjuicio econ\u00f3mico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero.<\/p>\n La sentencia indica que de los hechos probados resulta que las cuentas anuales no recog\u00edan adecuadamente los compromisos con los clientes y adem\u00e1s sobrevaloraban la filatelia de la sociedad. Como consecuencia ofrec\u00edan una imagen de la sociedad seg\u00fan la cual generaba alt\u00edsimos beneficios (en 2001, 34.809:000 euros; en 2002, 38.604.000 euros; en 2003, 43.777.000 euros), cuando su situaci\u00f3n era de insolvencia inevitable por la misma concepci\u00f3n del negocio.<\/p>\n Respecto al delito de falsedad de cuentas cometido por los auditores como cooperadores necesarios, la sentencia reitera que la aportaci\u00f3n del auditor avalando con su informe, cuando es necesario en tanto que exigido por la ley, unas cuentas que sabe que ocultan la imagen fiel, dada la relevancia de la misma, debe ser considerada como constitutiva de cooperaci\u00f3n necesaria.<\/p>\n A\u00f1aden los magistrados que no ser\u00eda correcto minimizar la trascendencia de la labor de los auditores en el control de la correcci\u00f3n de las cuentas de las sociedades. \u201cEs cierto que no son ellos quienes las elaboran y formulan; tambi\u00e9n que no les corresponde garantizar su exactitud. Pero tambi\u00e9n lo es que su funci\u00f3n opera como un elemento de seguridad para terceros ajenos a la misma sociedad respecto a si las cuentas se han preparado y presentado seg\u00fan las normas aplicables, en la medida en que, como dice textualmente el art\u00edculo 1 de la Ley 19\/1988, de auditor\u00eda de cuentas, vigente al tiempo de los hechos, su labor consiste en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situaci\u00f3n financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de informaci\u00f3n financiera que le sea aplicable\u00bb.<\/p>\n Por \u00faltimo, sobre el delito de blanqueo de capitales, el alto tribunal recuerda que el tipo requiere, en primer lugar, la realizaci\u00f3n de cualquier acto que debe entenderse equivalente a la adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n, utilizaci\u00f3n, conversi\u00f3n o transmisi\u00f3n, en relaci\u00f3n con bienes, en segundo lugar, que esos actos se ejecuten con la finalidad de ocultar el origen delictivo de los bienes o para ayudar a la persona que haya participado en la infracci\u00f3n a eludir las consecuencias legales de su conducta, lo que se consigue, entre otras modalidades, ocultando la titularidad de los bienes; y, en tercer lugar, que ello se haga conociendo que los bienes de que se trate proceden de una actividad delictiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confirma las penas impuestas en su d\u00eda por la Audiencia Naconal por un delito de estafa agravado por la cuant\u00eda<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11954,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-11953","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sin-categoria"},"yoast_head":"\n