La Secci\u00f3n Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la nulidad del requisito relativo a la utilizaci\u00f3n obligatoria del euskera en las actividades dirigidas exclusivamente a menores de 16 a\u00f1os, que se exige para ser beneficiario de subvenciones en la Ordenanza reguladora de la concesi\u00f3n de subvenciones del Ayuntamiento de Lasarte (Guip\u00fazcoa).\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala considera que dicho requisito general regulado por el art\u00edculo 10.1,m) punto 1 de la ordenanza impugnada es contrario al principio de igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n, vinculado al uso promoci\u00f3n de las lenguas cooficiales y, adem\u00e1s, excluye como destinatario final de la actividad a quienes, no teniendo el deber de conocer la lengua vasca, son castellano parlantes.\u00a0<\/p>\n
Por ese motivo, estima el recurso interpuesto por la Administraci\u00f3n del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco que declar\u00f3 que la disposici\u00f3n recurrida era ajustada a derecho.\u00a0<\/p>\n
La Sala afirma que no comparte el criterio de la sentencia recurrida, coincidente con la l\u00ednea de defensa de la corporaci\u00f3n municipal afectada, ya que olvida que tanto el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola como el art\u00edculo 8.3 de la Ley 38\/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, consagran el principio de igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n, aqu\u00ed vinculado a la cooficialidad de las lenguas regulado en el art\u00edculo 3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.\u00a0<\/p>\n
Con la imposici\u00f3n del requisito cuestionado, a\u00f1ade la Sala, resulta que un criterio ling\u00fc\u00edstico impide que quien, por las circunstancias que sean, no conozca o no domine el euskera pueda ser el destinatario final de una actividad de fomento que, seg\u00fan defiende el Ayuntamiento demandado, va dirigida a la normalizaci\u00f3n y dinamizaci\u00f3n de su uso en un determinado sector de la poblaci\u00f3n -menores de 16 a\u00f1os-. \u201cParece que el fomento y la dinamizaci\u00f3n del uso de una lengua cooficial que se dice minoritaria no deber\u00eda ser excluyente sino inclusivo, es decir, deber\u00eda buscar la mayor generalizaci\u00f3n en su uso al modo de lo previsto en los apartados 2 y 3 de la citada letra m), combinando el uso de ambas lenguas, y no establecer una imposibilidad de acceso para quien no habla o, simplemente, no domina suficientemente la lengua vasca\u201d, concluye la Sala.\u00a0<\/p>\n
Asimismo, considera que la Disposici\u00f3n impugnada vulnera el art\u00edculo 3.1 de la Constituci\u00f3n ya que esta norma no impone el deber de conocer las lenguas oficiales, distintas al castellano (STC 82\/1986, de 26 de Junio), y as\u00ed la actividad de fomento de cualquier \u00e1mbito (social, cultural, deportivo, etc,) no puede restringirse a una de las lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma sin excluir indebidamente de la asistencia a las actividades subvencionadas a los vecinos que no conozcan la lengua en que vayan a realizarse las promocionadas por el Ayuntamiento, sin que ello contradiga el car\u00e1cter discrecional de las actividades de fomento porque el ejercicio de esa potestad debe sujetarse siempre a las exigencias constitucionales y legales.\u00a0<\/p>\n
La Sala explica que lo caracter\u00edstico de la disposici\u00f3n cuestionada por la Administraci\u00f3n General del Estado es que impone a los beneficiarios de una actividad de fomento (sujetos activos que ha de realizar la actividad) su realizaci\u00f3n con un criterio ling\u00fc\u00edstico vinculado a la condici\u00f3n de los receptores de la actividad (sujetos pasivos) consistente en que \u201ccuando la actividad vaya dirigida a menores de 16 a\u00f1os, la misma se realizar\u00e1 en euskera, tanto oralmente como por escrito\u201d, raz\u00f3n por la que parece obvio que un criterio ling\u00fc\u00edstico impide desde el inicio que quien no conozca el euskera pueda ser destinatario final de una actividad de fomento.\u00a0<\/p>\n
\u201cNo se cuestiona aqu\u00ed la obligaci\u00f3n de organizaci\u00f3n de la actividad en euskera si va dirigida a menores de 16 a\u00f1os, sino el hecho de que con ese criterio ling\u00fc\u00edstico se est\u00e1 imponiendo a los destinatarios finales de la actividad subvencionada el conocimiento del euskera para poder participar en ella, es decir el deber de conocimiento de la lengua vasca que se les impone\u201d, subraya el tribunal.\u00a0<\/p>\n
La sentencia incluye un voto discrepante firmado por los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Pilar Teso Gamella en el que afirman que debi\u00f3 desestimarse el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Abogado del Estado porque consideran que la sentencia recurrida no infringe el ordenamiento jur\u00eddico.\u00a0<\/p>\n
En su voto sostienen que no se trata aqu\u00ed de la protecci\u00f3n del derecho a conocer y a usar el castellano, reconocido a todos por el art\u00edculo 3.1 de la Constituci\u00f3n, ni del derecho de todos a dirigirse en castellano a cualesquiera poderes p\u00fablicos y a obtener en esa lengua la respuesta que corresponda. En este caso, seg\u00fan el voto, se trata de saber si es coherente con el objetivo de fomentar no s\u00f3lo el conocimiento sino, tambi\u00e9n, el uso normal del euskera, que las actividades a subvencionar, en funci\u00f3n de sus caracter\u00edsticas, si tienen como destinatarios a menores de 16 a\u00f1os, se realicen solamente en euskera a fin de fomentarlo, prop\u00f3sito que inspira la Ordenanza recurrida y responde al que fija la Ley 2\/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su art\u00edculo 7.2.\u00a0<\/p>\n
A\u00f1aden que \u201cpromover dichos conocimiento y uso normal no menoscaba la posici\u00f3n del castellano, protegida constitucional, estatutaria y legalmente, adem\u00e1s de prevalente en la realidad social. Y parece l\u00f3gico que la promoci\u00f3n se haga en la propia lengua objeto de ella y no en otra distinta. En la medida en que la controversia gira sobre un criterio general de la naturaleza del expuesto, no puede imputarse a la Ordenanza del Ayuntamiento de Lasarte-Oria el efecto discriminador que afirma el Abogado del Estado y ve la sentencia de la que discrepamos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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