La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha trasladado a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

 

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