Los órganos judiciales de la jurisdicción Social (la antigua magistratura de trabajo) en el Archipiélago canario registraron durante el pasado año 2019 9.885 demandas por despido laboral, lo que supone un incremento del 20,7% en este tipo de procedimientos en referencia a los computados en 2018 (8.192), la segunda subida más alta de todo el Estado tras Castilla-La Mancha. Estos datos están recogidos en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Según los datos oficiales recabados por el gobierno de los jueces, Canarias fue además el año pasado la comunidad donde más se incrementaron las reclamaciones de cantidad (demandas laborales donde se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias) en todo el Estado. Los juzgados de lo Social de las islas computaron 8.483 en 2018 y el año pasado llegaron a 10.413, lo que supone un aumento del 22,8%, el más alto del Estado.

Por provincias, fue en Las Palmas donde se registró un mayor incremento de demandas judiciales por despido de las Islas: de las 4.943 de 2018 se pasó a 6.148 en el año pasado, lo que implica un aumento del 24,4%. En Santa Cruz de Tenerife se pasó de 3.249 demandas en 2018 a 3.737 en 2019, lo que supone un aumento de este tipo de litigiosidad laboral del 15%.

En lo que se refiere a concursos de personas jurídicas (las antiguas quiebras), durante el pasado 2019 se presentaron en toda Canarias 152 demandas, frente a las 135 de 2018, lo que implica un aumento del 12,6%, y se declararon 101, prácticamente los mismos que en el año anterior. De los concursos tramitados, 94 se resolvieron por liquidación de la empresa (un 17,5% más que en 2018, cuando desaparecieron 80 empresas).

Por provincias, el año pasado se presentaron en Las Palmas 88 concursos (un 12,8% más que en 2018) y se declararon 57 (un -3,4% que en el ejercicio anterior), y en Tenerife se presentaron 64 (12,3% más que en 2018) y se declararon 44, un 7,3% más que el año previo).

En lo que se refiere a Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), en toda la comunidad se presentaron siete durante el año pasado, un 30% más que los registrados en el ejercicio anterior, que fueron 10. 

Por provincias, se computaron 4 en Las Palmas (un 42% menos que el año anterior) y tres en Santa Cruz de Tenerife, los mismos que en los doce meses previos. 

Menos desahucios

Las estadísticas fueron más positivas en las Islas en lo que se refiere a los litigios de la ciudadanía con las entidades bancarias. En 2019 los juzgados de las islas llevaron a la práctica 560 lanzamientos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias (desalojos de vivienda por no poder pagar las cuotas del crédito hipotecario), frente a los 879 que se habían efectuado el año anterior, lo que implica una disminución en este tipo de actuaciones del 36,3%.

Los datos provinciales en este sentido indican que en Las Palmas se rebajaron los desahucios hipotecarios en un 37,2% (de los 506 de 2018 a los 318 de 2019) y en Santa Cruz de Tenerife pasaron de 373 en 2018 a 242 el año pasado, esto es; un descenso del 35,1%.

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