El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha citado a declarar el 26 de febrero en calidad de investigada (antes imputada) a la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, en relación con el caso de Juana Rivas, cuyo litigio por la custodia de sus hijos contra un italiano al que acusaba de maltrato captó la atención mayoritaria de la opinión pública española.
Estas diligencias obedecen a una querella presentada por el Colegio de Abogados de Granada por un presunto delito de intrusismo profesional. En auto fechado el pasado 5 de febrero, el referido juzgado admitió a trámite dicha querella.
En declaraciones a los medios, Granados negó que ejerciera como letrada en sus labores de asesoramiento a Juana Rivas, quien estuvo casi un mes en paradero desconocido para no cumplir la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre.
El letrado que defiende a Granados, Carlos Aránguez, sostiene que «los hechos no son constitutivos, ni siquiera indiciariamente, de infracción penal», pues la labor de su clienta con Juana Rivas -que se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por supuesta sustracción de menores-, se encuadra en las «actuaciones propias de su trabajo de asesoría legal, como licenciada en Derecho, en el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena».
Además, Aránguez critica que «19 meses después de la denuncia de Juana Rivas contra su expareja por maltrato no se haya iniciado ni siquiera la investigación, ni en España ni en Italia, y en cambio a su asesora, que solamente solicita justicia para ella en este caso, se le haya imputado ya en dos ocasiones».
“En caso de aceptarse la querella –sostiene igualmente el abogado-, la competencia para conocer esta causa sería de la Audiencia Nacional», pues, de considerarse como válida la tesis del querellante, «habría de dirigirse también a todos aquellos que procedieron a su contratación en el Ayuntamiento de Maracena, así como a todos y cada uno de los alcaldes y ayuntamientos de toda España (más de cuatro mil) que tengan entre su personal una asesoría jurídica en un Centro de la Mujer».
Por todo ello, Aránguez ha solicitado la inadmisión de la querella y el archivo del procedimiento, o, con carácter subsidiario, que el Colegio de Abogados aporte una fianza de 20.000 euros a la asesora de Rivas por «los graves perjuicios morales», y que se remitan las actuaciones a la Audiencia Nacional.
