La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, explicó que ya se ha contactado con los colegios de abogados de Canarias, si bien la legislación estatal y autonómica prevé el asesoramiento jurídico desde hace años 

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha iniciado los contactos con los colegios de abogados de Canarias para alcanzar los respectivos acuerdos que permitan reforzar el apoyo de la administración pública a la labor de docencia en el terreno jurídico.

En una comparecencia parlamentaria acerca del Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado, la consejera del área, Soledad Monzón, explicó que este anuncio responde a la aplicación de una de las primeras medidas de recogidas en el Plan, que la Consejería pone en marcha este curso.

Soledad Monzón detalló que a partir de los acuerdos que se alcancen con los colegios oficiales, todo el profesorado de Canarias tendrá acceso a asesoramiento jurídico (y también psicológico, en similar iniciativa con los colegios profesionales de tal sector) por problemas surgidos en el desempeño de su labor profesional. «De esta manera respaldamos a nuestro profesorado y reforzamos su autoridad en las aulas», apuntó.

La consejera comentó que ésta es una de las «numerosas» medidas, acciones y previsiones incluidas en el Plan, del que destacó la necesidad de contar con él porque el profesorado es un factor «fundamental y determinante» en el sistema educativo para lograr el éxito escolar del alumnado.

Sin embargo, llama la atención que el asesoramiento jurídico a los profesores por parte de la Administración ya se contemple en nuestro ordenamiento jurídico desde hace años.

Así se dispone, por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuyo artículo 105, que versa sobre medidas para el profesorado de centros públicos, contempla en su apartado 1 que “Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional”.

En el ámbito local, basta con acudir a la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. Es el artículo 65, sobre medidas para el reconocimiento y la protección de la función docente, el que en su apartado 7 dispone que “La administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles educativos, a los que se refiere la presente ley, que preste servicios en los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente”.

Incluso, los profesores ya manejan desde 1992 un protocolo de actuación para solicitar este asesoramiento jurídico a la Comunidad Autónoma, y que se ha activado en numerosas actuaciones a cuenta, sobre todo, de agresiones al profesorado o es denunciado en un proceso penal. Resta ahora por saber en qué aspectos se pretende ampliar estos protocolos, o si más bien se aspira a que los colegios de Abogados canarios suplan una función ahora en manos de los Servicios jurídicos autonómicos.

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