El informe de cumplimiento en 2016 detecta un crecimiento de expendientes superior al 20% respecto al año anterior.

España y Alemania son los países miembros de la Unión Europea con asuntos pendientes por transposición o aplicación incorrectas de la legislación de la UE a 31 de diciembre de 2016, tal y como se refleja en el reciente informe publicado sobre la materia por la propia Unión Europea.

En este Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE, todo un homenaje a los esfuerzos comunitarios en pro del respeto jurídico de sus principios fundamentales, se observa un aumento de las infracciones levemente superior al 20% respecto a 2015 en cuanto a expedientes abiertos por infracciones. Como es lógico, tal porcentaje no deja de causar alarma en Bruselas, por cuanto las Directivas son entendidas como el mejor reflejo de lo que se pretende con esta comunión de intereses. Un buen ejemplo son las ilegalidades medioambientales detectadas en la industria del motor, que no ha tenido consecuencias para los fabricantes en algunos países precisamente por la aplicación tardía de las normas de la UE o, simplemente, por la no incorporación a su ordenamiento jurídico

Además de España y Alemania, el informe anual deja en mal lugar a Chipre y Bélgica, miembros con mayor número de retrasos. Por el contrario,  Italia, Eslovaquia y Dinamarca son quienes menos tardan, mientras que Estonia es el que menos infracciones comete a la hora de trasladar estas normas al Derecho nacional.

Como es sabido, la Directiva es uno de los instrumentos jurídicos de que disponen las instituciones europeas para aplicar las políticas de la Unión Europea. Buen reflejo del espíritu fundacional, se trata de un instrumento flexible que se emplea principalmente como medio para armonizar las legislaciones nacionales. La clave radica en que establece una obligación de resultado para los países de la UE, pero les deja libertad con respecto a los medios para alcanzarlos.

Por lo que respecta a Canarias, uno de los principales problemas relacionados con la incorrecta o tardía transposición de las directivas de la UE se debe a los vertederos incontrolados, si bien no es tema exclusivo del Archipiélago en el conjunto estatal.

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