El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, pronosticó esta semana en el Congreso de los Diputados que el uso cada vez mayor de las redes sociales hace prever una proliferación de procedimientos penales relacionados con los delitos de odio, a la par que apostó por fijar una doctrina clara del Ministerio Público para estos supuestos.
Sánchez Melgar apostilló a este respecto que en este último año se abrieron 29 diligencias de investigación relacionadas con este delito, y que se realizaron 46 escritos de calificación y se dictaron 29 sentencias.
En concreto, el fiscal general del Estado manifestó que «la nueva configuración de este delito y el empleo cada vez mayor de las redes sociales hacen prever una proliferación de procedimientos penales relacionados con estas conductas en los próximos años, por lo que es necesario elaborar una doctrina clara desde la Fiscalía General que asegure la unidad de actuación en todo el territorio nacional y en la que se está trabajando».
Durante su comparecencia parlamentaria, Sánchez Melgar insistió en que a este órgano le preocupa «la amplitud» de los delitos de odio y que, por ello, el Ministerio Público ya trabaja en un informe que sirva para clarificar los conceptos, para que así tanto los fiscales como la propia sociedad sepan a qué atenerse.
Sobre su opinión como jurista, el fiscal general del Estado entiende necesario diferenciar entre lo que supone un sentimiento de odio y lo que constituye un comportamiento que lleve acarreada la incitación a la violencia, Dicho comportamiento está relacionado, explicó Sánchez Melgar, con el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
En definitiva, lo que se persigue es el adecuado equilibrio entre la libertad de expresión, opinión o información, y aquellas conductas que supongan ataques intolerables a elementos esenciales de nuestra convivencia, porque el odio no es suficiente para la comisión de un delito de este tipo, recalcó el fiscal.
