El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (anteriormente conocidos como los secretarios judiciales) ha pedido amparo al Ministerio de Justicia para sus compañeros que se negaron a recabar los datos correspondientes al seguimiento de la jornada de huelga celebrada el pasado día 22 de mayo, concretamente el número de diligencias y juicios suspendidos entonces. En concreto, se quejan de la supuesta  superioridad mostrada por algunos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia quienes, ante la negativa inicial de los letrados de la Administración de Justicia, realizaron un nuevo requerimiento de información con el apercibimiento de una presunta comisión de un delito de desobediencia.

En su escrito, la organización que agrupa a los anteriormente denominados secretarios judiciales recuerda que fue el Consejo General del Poder Judicial el que acordó que serían los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia quienes tendrían que recabar datos relativos a la huelga, y que luego estos hicieron lo propio a los secretarios de Gobierno aprovechando su condición como superiores jerárquicos.

Según el comunicado remitido a los medios, algunos secretarios de gobierno, como el de Madrid o Murcia, «con un criterio jurídico» decidieron no hacerlo al entender que «no era competencia del Cuerpo de Letrados en las circunstancias y causas por las que se solicitaba». Ante esto, algunos presidentes reclamaron de nuevo a los secretarios los datos sobre las incidencias durante la huelga con el apercibimiento de desobediencia.

Ante lo sucedido, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha mostrado su rechazo, a la par que denuncian que, a su entender, el requerimiento se impone con la «coacción de una amenaza delictiva» y que los presidentes traten de tener una «superioridad y gobierno sobre todo nuestro cuerpo superior». Por todo ello, piden al secretario general de la Administración de Justicia, y por elevación el propio Ministro que actúen en consecuencia y ejerzan las» acciones gubernativas, legales e incluso judiciales y penales» que procedan.

 

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