El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra decretó la puesta en libertad de un detenido por la supuesta comisión de un delito de desobediencia. A las 17 horas de 15 de abril la policía fue requerida en la farmacia de la calle Rosalía de Castro, donde presuntamente el sospechoso había intentado hurtar cremas, pero las dependientas consiguieron echarlo. 

Tras ese incidente, según el atestado, se dirigió a un supermercado de esa calle, pero le impidieron la entrada cerrándole las puertas. Entonces, acudió a otro establecimiento, donde supuestamente se apropió de paquetes de jamón valorados en 41,86 euros. Tras localizarlo e identificarlo, la policía descubrió que escondía los envases de jamón entre sus ropas. Al comprobar que existían varias denuncias de ese día contra él por infracciones administrativas derivadas del incumplimiento del confinamiento, procedieron a su arresto. 

El auto analiza la posibilidad de que se pueda entender como cometido un delito de desobediencia por infringir la prohibición de circulación por la vía pública. “La observancia de las normas generales no puede dar lugar más que a cumplimientos o incumplimientos, no a delitos de desobediencia”, indica el juez, al tiempo que destaca: “Solo se desobedece un mandato concreto. La norma general, aunque introduzca prohibiciones, no es susceptible por sí misma de ser desobedecida en este sentido penal”. 

Ante la situación concreta del estado de alarma, el magistrado entiende que se podría cometer en algunos casos una infracción administrativa cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad emiten a una persona un mandato concreto y no es atendido. En cuanto a la posibilidad de cometer delito, afirma que algunas de esas situaciones en las que se incumple lo requerido pueden constituir desobediencia. En todo caso, lo desobedecido, a efectos de valoración penal, “nunca es la norma general, sino el mandato concreto recibido”. Por eso, según el auto, lo que debe ser analizado es en qué circunstancias se produjo ese mandato. Para que sea delito, destaca, la desobediencia debe ser grave.

“Que una persona sea denunciada varias veces no supone que necesariamente debamos entender que comete delito”, afirma el juez. En el auto asegura que habrá ocasiones en las que, además de ser denunciada la persona varias veces, reciba varios mandatos concretos y los desatienda. Entonces, habrá que analizar “en qué consistió esa desatención”. En lo referido al caso concreto, considera que faltarían aún elementos para saber si se cometió o no el delito, por lo que debe continuar la investigación. 

En cuanto a la posibilidad de acordar la medida provisional de prisión provisional en estos casos, recuerda que la situación de estado de alarma “no supone variación alguna de las normas habituales de valoración de las medidas cautelares. Sí podría suponer algún tipo de variación la declaración de un estado de excepción”. 

En cuanto a fundamentar la prisión provisional en el riesgo sanitario, destaca que los posibles peligros sanitarios “no se concretan en el atestado y, en todo caso, de existir, tienen respuesta en el ámbito administrativo sanitario”. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra sostiene que se debe interpretar de forma restrictiva la posibilidad de ingreso en prisión provisional para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos. Apelando al Tribunal Constitucional, manifiesta que para fundamentar la prisión provisional en ese riesgo “debe existir una posibilidad concreta de que exista un determinado hecho que se puede afirmar como de muy probable comisión”. 

En este caso, afirma que no existe una “concreta previsión” de actos determinados que podrían ser cometidos nuevamente por el investigado. “Existe una sospecha muy razonable de que puede que vuelva a incumplir las normas generales, pero no de un concreto acto que se pueda prever y que tenga naturaleza de delito”, subraya. El juez asegura que tampoco observa habitualidad, pues considera que dado el tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de alarma “resulta difícil afirmar que un acto pueda llegar a adquirir carácter de hábito”. 

En el auto también explica que la medida de prisión provisional solicitada por el Ministerio Fiscal tiene que ser rechazada porque la imputación “no es sólida”, pues detectó imprecisiones en el atestado sobre el total de denuncias y el número de hechos en los que supuestamente estuvo implicado el sospechoso. “Tampoco consta si fueron realizados requerimientos, ni siquiera si algunas de esas denuncias responden a un mismo momento, dada su cercanía en el tiempo”, señala el juez, quien recalca que el delito por lo que está investigado el detenido “tiene una pena de multa y otra alternativa de prisión de tres meses a un año, por lo que está muy lejos de los límites generales de la medida cautelar de prisión provisional”. 

Además de los hechos que constan en la causa, en el atestado son relatados otros que podrían constituir delitos patrimoniales y un delito leve de hurto en grado de tentativa, según el magistrado. Por ese motivo, indica que procede expedir testimonio para proceder a su tramitación como causa diferente, quedando centrada esta decisión solo en la imputación de un delito de desobediencia.

Leave a Reply